Gobierno por caso Australis: “Lo que se espera es que las empresas tengan mínimos éticos en su accionar”

El día 9 de enero, Joyvio –empresa china parte del mismo holding que Lenovo- notificó al empresario chileno Isidoro Quiroga que emprendería una iniciativa legal en su contra, por presuntos incumplimientos en el contrato de compraventa de la salmonera Australis, cuya compra se cerró en 2019.

El bullado juicio explotó por una serie de procedimientos sancionatorios que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) comenzó a abrir en contra de Australis, todos por sobreproducción. Joyvio argumenta que le ocultaron todas esas infracciones ambientales y que las proyecciones de cosecha de la salmonera estaban basadas en una política de sobreproducción en casi la totalidad de los centros de cultivo de la empresa. La defensa del empresario, en tanto, sostiene que los inversionistas chinos estaban al tanto de toda la situación y que la administración actual cometió las mismas faltas.

“Para evitar que este tipo de situaciones se repita es necesario, por ejemplo, que las multas que se apliquen sean verdaderamente ejemplares y disuasivas”.

Independiente de la trama judicial, lo concreto es que el nuevo gerente general de la salmonera, Andrés Lyon, autodenunció a la empresa ante la SMA por sobreproducción en 49 ciclos productivos diferentes, por un total de más de 80 mil toneladas.

Hasta ahora, a pesar de sus críticas previas a la industria, el Gobierno había optado por no referirse al caso. Sin embargo, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, accedió a responder por escrito las consultas de Diario Financiero.

“Como Gobierno tenemos el compromiso de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo de los distintos sectores productivos. La normativa establece que la sobreproducción es ilegal. Y, por lo tanto, debe aplicarse todo el rigor de la ley ante los incumplimientos. Esto está establecido en el Reglamento Ambiental para la Acuicultura que regula las evaluaciones ambientales de cada concesión, por lo tanto cuando estas no se respetan, se atenta contra la sustentabilidad de toda la industria”, dijo Salas.

Reforzar la legislación

En 2022, en entrevista con este medio, el subsecretario anunció que, además de la nueva Ley de Pesca -hoy en proceso de elaboración- el Gobierno busca ingresar un proyecto específico para regular a las salmoneras.

-¿Refuerza este caso la idea de presentar una nueva legislación para la industria acuícola?

- Casos como este dejan en evidencia la necesidad de contar con una legislación que responda de manera efectiva a los desafíos actuales del sector acuícola, de manera de asegurar los más altos estándares para su desarrollo. Por eso, en el segundo semestre de este año comenzaremos el proceso de elaboración de un proyecto de ley que se haga cargo de este desafío.

Este es un compromiso que asumimos como Gobierno y una oportunidad para quienes participan de la industria de contribuir a mejorar los estándares de producción y reducir los impactos negativos que se producen por el desarrollo de la actividad.

-¿Cree que este tipo de infracciones fue (o es) algo común entre las salmoneras?

-El Presidente Boric señaló el año pasado, en la Región de Magallanes, que es prioritario fortalecer la fiscalización de la industria salmonera, con el objeto de evitar y disuadir este tipo de conductas. Estamos trabajando con Sernapesca y las direcciones zonales de pesca para fiscalizar el cumplimiento de la normativa y poder adoptar las medidas necesarias en estos casos.

Por eso, esperamos que en los casos en que se demuestre que hay una acción deliberada, se apliquen las sanciones que correspondan. Lamentablemente, este no es el primer caso de malas prácticas proveniente de la industria, pero la señal es clara para nuestro Gobierno en cuanto a demostrar total transparencia en relación al tema.

El cumplimiento de las salmoneras

Salas señala que, desde 2020, Sernapesca ha presentado un total de 34 denuncias relacionadas a la industria, nueve de ellas en Aysén y 25 en Magallanes.

-La actual administración de Australis se autodenunció ante la autoridad ambiental. ¿Cómo evalúa esta iniciativa?

-Lo que se espera es que las empresas tengan mínimos éticos en su accionar, que se hagan cargo de los incumplimientos y respondan ante las autoridad ambientales y tribunales. Para evitar que este tipo de situaciones se repita es necesario, por ejemplo, que las multas que se apliquen sean verdaderamente ejemplares y disuasivas.

-¿Considera que los niveles de cumplimiento de la industria acuícola han mejorado en los últimos años?

-La aparición del virus ISA marca un punto de inflexión en la regulación de la industria. A partir de esa crisis se adoptó una serie de medidas para aumentar las fiscalizaciones y evidenciar niveles de cumplimiento de la normativa. Hoy, Sernapesca desarrolla un plan anual de fiscalización, que busca prevenir y detectar incumplimientos, entre otras acciones. Pero hay que tener en cuenta que parte del éxito de las fiscalizaciones depende de las capacidades humanas y financieras.

Todavía tenemos el desafío de que estos espacios permitan un desarrollo productivo sostenible, donde converse con el desarrollo de la pesca artesanal, se mantengan o mejoren los beneficios sociales y, por supuesto, podamos garantizar el resguardo del medio ambiente. Si queremos tener una industria sólida en las próximas décadas es importante cambiar la forma de producción, mejorar los estándares de sostenibilidad y la responsabilidad de las empresas, las que deben situarse al nivel de los mejores estándares de cultivo a nivel internacional.